La esfera política ha sido, históricamente, construida desde la lógica patriarcal, estableciendo normas sociales y culturales de género que sostienen una organización asimétrica, colocando al hombre como el principal ejecutor del poder y la dominación, mientras que las mujeres son las subordinadas.
Con esta lógica, se consideró que las mujeres carecían de relevancia y de valía en comparación con los hombres, asignando roles para lo masculino -espacio público- y para lo femenino -espacio privado-; así, ellos ocuparon espacios de poder social, político, económico - elegidos-, mientras que ellas ocuparon espacios físicos y simbólicos -no elegidos-, que no suponen reconocimiento ni poder en las sociedades. Las mujeres fueron excluidas de la vida pública, sin oportunidad de tener participación en la toma de decisiones y reconocimiento político. En ese sentido, la lucha de las mujeres por defender sus derechos civiles y políticos ha sido un proceso de décadas, con organización y perseverancia por parte de mujeres de todos los sectores sociales.
En México, esto representó la oportunidad de participar en la vida pública, a partir de las reformas a los artículos 34 y 35 constitucionales, promulgadas el 17 de octubre de 1953 y que dieron apertura para que las mujeres ejercieran su derecho a votar y poder postularse a cargos de elección popular. Sin embargo, pese a los grandes avances en materia de derechos humanos de las mujeres, los sistemas que conforman al Estado -jurídico, político y económico- aún yacen bajo una estructura jerárquica y patriarcal.
La resistencia a la inclusión de las mujeres en la vida pública, con el paso del tiempo, ha ido creando obstáculos que derivan en el trato diferenciado entre mujeres y hombres, evidenciando la degradación de lo femenino con manifestaciones de violencia en sus diferentes tipos en el ámbito político.
En la Convención de Belém do Pará, se reconoce a la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que limita a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos.
Define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Cabe resaltar, que tanto mujeres como hombres sufren o ejercen violencia en el ámbito político -violencia política-, dado que es un área que exacerba la intolerancia y genera altos índices de agresiones en la sociedad; ya sea al votar, ser personas candidatas para elección popular, en el ejercicio de un cargo público, en afiliación o asociación.
Del 2018 al 2024 se han registrado un total de 1981 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos. De acuerdo con información del proyecto Votar entre balas, de Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, mayo de 2024 fue el mes en el que se registraron más víctimas de violencia político-criminal durante todo el periodo para el que tienen registro desde enero de 2018. Además, durante el periodo electoral 2023-2024, de septiembre de 2023 a junio de 2024, se registraron 34 personas candidatas asesinadas y 96 personas candidatas que sobrevivieron a diversas agresiones como: ataque armado, amenazas, atentados y secuestro. “La violencia política en razón de género, es toda acción u omisión en contra de una mujer, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público”
